La prensa digital española se ha anotado una importante victoria judicial contra Meta, el gigante tecnológico de Estados Unidos que controla Facebook e Instagram. Una sentencia del juzgado mercantil 15 de Madrid ha condenado al grupo por competencia desleal tras infringir la ley de protección de datos y obtener una ventaja competitiva al vender publicidad personalizada en sus redes sociales.
La sentencia condena a Meta al pago de una indemnización de 481,69 millones de euros a un total de 87 medios de comunicación españoles, entre los cuales se encuentran La Vanguardia, Mundo Deportivo, El País, El Mundo, El Periódico, Diari Ara, varios medios provinciales y emisoras de radio. El grupo también deberá pagar más de 60 millones de euros en concepto de intereses legales, de modo que el monto total asciende a 541,69 millones de euros.
“Es una sentencia histórica que recibimos con mucha satisfacción desde la Asociación de Medios de Información”, señala Irene Lanzaco, directora de la AMI. Según este organismo, la resolución no solo demuestra que “Meta ha vulnerado la privacidad de los usuarios” sino que “ha amenazado seriamente la sostenibilidad de los medios de comunicación” al acceder de “manera ilegal” a datos personales de los usuarios a los que la prensa no ha podido acceder porque ha cumplido la ley y, en consecuencia, sus ingresos por publicidad online se han visto reducidos.
“El negocio de Meta se basa en ofrecer a las marcas anuncios personalizados acorde a las preferencias de los consumidores. Y claro, cómo más información tiene, mejores resultados ofrecen sus anuncios. Durante años, Meta ha sabido información como el sexo, el estado afectivo, los gustos personales, la edad… y esto ha colocado en clara desventaja competitiva al resto de medios de comunicación que no hemos tenido acceso a toda esta información”, lamenta Lanzaco.
La sentencia no es firme y Meta asegura que tiene intención de apelarla ente la Audiencia Provincial de Madrid. En un escueto comunicado, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg señala: “no estamos de acuerdo con el fallo del tribunal y apelaremos. Se trata de una reclamación infundada que carece de pruebas sobre el supuesto perjuicio y que ignora deliberadamente cómo funciona la industria de la publicidad en línea”.
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